¿La legislación que liberalizaría el aborto amenazaría la separación de los poderes y, por ende, a la calidad democrática de nuestras sociedades?

El voto de leyes que liberalizan el aborto ha traído consigo un proceso que hace precaria la separación de poderes. Dicha separación es uno de los criterios esenciales de la calidad democrática de una sociedad. Esta separación recibe, en el derecho occidental, una luz particular proveniente de la distinción entre derechos del hombre y ley positiva.

El legislador se esfuerza por elaborar leyes justas, es decir, respetuosas de los derechos inalienables del hombre. Enuncia normas jurídicas, formula derechos y deberes, estipula penas que sancionan la desobediencia. La actividad del legislador se sitúa, pues, a un nivel de generalidad que confiere a la ley un carácter transpersonal. Su papel no es hacer aplicar la ley.

Hacer aplicar la ley es el papel del juez. Toca al poder judicial apreciar la responsabilidad subjetiva de quienes son acusados de infracciones objetivas a la ley. El juez no negará la realidad del crimen, pero, en la aplicación de la pena, tomará en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes.

El legislador que legislara en función de los intereses de particulares -individuos, grupos, camarillas- daría muestras de parcialidad, de injusticia, de arbitrariedad, de abuso de poder. Pero el juez que se limitara a una aplicación mecánica y ciega de la ley llegaría, también él, a lo arbitrario y a la injusticia.

Vemos, pues, el riesgo que la legislación sobre el respeto a la vida hace correr a la separación de poderes. Si se legislara en función de los intereses de una potencia extranjera, el legislador se convertiría en culpable de alta traición. Abusa de su poder en el momento en que sobrepasa los límites de su competencia. Cuando el legislador procede de este modo, el juez es rebajado al rango de ejecutor de las determinaciones más o menos arbitrarias del poder legislativo. Es menester decir que este peligro se exacerba cuando la ley es la emanación directa de la voluntad del poder ejecutivo. La ley, y con ella la magistratura, arriesgan entonces a convertirse en apéndices de la administración.

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