Para una sociedad democrática, ¿acaso no es esencial favorecer al máximo la libertad de los individuos?

La voluntad de liberalizar el aborto se explica por una concepción muy reducida de la libertad que tienen muchos de nuestros contemporáneos. Esta concepción es tan desmedida que ya no deja lugar a la idea de igualdad entre los hombres ni, por consiguiente, a la idea de deber.

a) Según esta concepción, la libertad consiste, para cada individuo, en hacer todo lo que se le antoje, en ajustar su conducta a lo que le place. La conciencia individual produce cada momento la norma moral que le conviene en tales circunstancias. Esta concepción de la libertad viene a considerar que, en su comportamiento, los hombres no tienen que referirse a un bien que deberían de buscar, o a un mal que deberían de evitar. Cada quien define a su gusto tanto el bien como el mal. Es por eso por lo que en su encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo II recuerda que es la verdad la que debe orientar a la libertad y no al revés, y que la verdad no es una «creación de la libertad».

b) Es la razón por la que en una sociedad muy marcada por el individualismo de cada uno, todo, y no importa qué, se vuelve negociable, del aborto a la eutanasia, pasando por todas las formas de discriminación. Ya no se busca, juntos, el bien; ya no hay un esfuerzo convergente hacia la justicia. La idea misma de bien común está desprovista de sentido: sólo hay bien particular. En la sociedad, ya sólo hay lugar para compromisos. Debemos intercambiar nuestros puntos de vista con fair-play, con una tolerancia total ante lo que cada quien considera, actualmente, como bueno o malo.

Para evitar al máximo los inconvenientes de la vida con otros individuos para no hundirse en la anarquía hay, pues, que armonizar los intereses particulares. Todas las opiniones son «igualmente respetables», pero eso no impide que, por razones de utilidad o de interés, haya que atenerse a una moral puramente «procedural». Es el triunfo de los comités de ética, en los que se procede a tontas y a locas, sin referencia a principios morales normativos que se imponen universalmente. De donde el llamado a la tiranía de la mayoría y a la táctica de la derogación. En este último caso en particular, se transfieren al derecho los procedimientos de la casuística: al igual que ésta corrompe a la moral, la táctica de la derogación pervierte al derecho. Se rechaza de entrada toda referencia a los principios generales del derecho para acomodarlo a los placeres e interese de aquéllos con los que se desea quedar bien. Es el regreso triunfal de la sofística. Lo que está prohibido aquí y ahora podrá ser permitido ahí y mañana, ya que lo único que importa en todo tiempo y en todo lugar es molestar lo menos posible a los individuos, y para ellos, ser molestados lo mínimo.

c) Ya no hay, pues, espacio para una moral que se impondría a todos y que formaría la trama de la comunidad humana. En efecto, con tal concepción de la libertad, todo es relativizado. La idea misma de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre carece de sentido. Ya no hay más que individuos, y la exaltación paroxística de la libertad de cada uno garantiza un porvenir de divisiones exacerbadas entre los hombres.

d) En su mayoría, las democracias occidentales están decayendo porque, en vez de orientarse a partir de valores -como la verdad, la justicia, la solidaridad- se refieren a consensos provenientes de determinaciones puramente «procedurales». Nacionales o internacionales, las asambleas políticas se volvieron por así decir comités de ética ampliados, donde los más fuertes se esfuerzan en imponer un consenso de acuerdo con sus conveniencias.

e) Es por tanto imposible crear una sociedad más justa, más humana, ahí donde, para llegar a esa meta, se rehusa reconocer a todos los hombres los mismos derechos fundamentales.

f) En pocas palabras, esta concepción ultraindividualista de la libertad se vuelve contra la libertad. Con esta concepción, la dimensión política de la existencia humana es totalmente rechazada y se cae en la anarquía. Esta es a la vez ausencia de principios; por lo tanto, de autoridad legítima, y por ello, de un gobierno que vele por el bien común.

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